El río que intentó ser desviado el pasado 03 de marzo resultó ser un fracaso, al constatar el día de hoy que el río ha crecido y ha continuado su curso normal. Hoy vence el plazo para realizar la desviación dado por Emgesa y el Magdalena habló en favor de los afectados.
Antes esta grata noticia, pero indignados por las recientes declaraciones del gobierno nacional respaldando el megaproyecto, el Movimiento Ríos Vivos declara a la opinión pública nacional e internacional que:
El apoyo incondicional del gobierno nacional del presidente Santos a la empresa Emgesa y su proyecto hidroeléctrico El Quimbo, evidencia un continuismo con las políticas y las prácticas del pasado que han priorizado la confianza inversionista y los intereses económicos frente al bienestar del pueblo colombiano, incluso violando los principios constitucionales y la ley colombiana. El presidente Santos, como el de Uribe Vélez, continúa con la estigmatización de las luchas sociales. En las pasadas declaraciones de prensa, Santos manifestó que las movilizaciones pacíficas de Asoquimbo y organizaciones solidarias estaban infiltradas por la guerrilla. Estos señalamientos se hacen a sabiendas que ello implicará graves riesgos para la seguridad y la vida de los líderes sociales y de los grupos de ciudadanos colombianos que masivamente han respaldado a Asoquimbo. Declaramos que será responsabilidad del jefe del Estado las posibles reacciones que puedan tener estas declaraciones.
El intento de desviación fue realizado de manera irregular. De hecho la empresa Emgesa ha incumplido los requerimientos de la licencia ambiental como bien lo ha denunciado Asoquimbo. Antes de desviar el rio se deberían haber restituido las tierras y modos de vida de los campesinos y campesinos, más de 1200 personas han quedado por fuera del censo, deberían haber construido una estación de monitoreo de aguas arriba y abajo del túnel de desviación y, el desvío no contó con la autorización por parte de Cormagdalena.
La actual política minero energética propuesta desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez e impulsada por Santos, despojará a los pueblos campesinos, indígenas y negros de sus territorios, mientras a nombre del desarrollo y el progreso se privilegian los interés de grupos económicos nacionales e internacionales. Esta política minero – energética ha invisibilizado los conflictos sociales y ambientales y desconocido las consecuencias del abandono de la vocación agrícola de importantes regiones del país, lo cual amenaza la soberanía alimentaria y energética como lo evidenció el Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero energética que el Movimiento realizó en los territorios durante todo el 2011.
Denunciamos la connivencia entre la policía nacional y la Empresa Privada EMGESA para restringir el uso del derecho constitucional a la protesta y la libre movilidad por la zona. La imparcialidad no es un principio que haya respetado la fuerza pública, por ejemplo, miembros de la fuerza policial sin identificarse y tapando su apellido, empujaron a miembros defensores de derechos humanos y les prohibieron la circulación por una vía pública hacia el lugar de la concentración el día sábado 03 de marzo y en diversas ocasiones se observó al jefe de seguridad de la EMGESA dando órdenes al ESMAD, policía y ejército.
La energía hidroeléctrica no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones de personas han sido desplazadas por la construcción de hidroeléctricas, la dinámica de importantes ríos alrededor del mundo han sido drásticamente transformadas por las represas y la riqueza íctica de muchos ríos se ha perdida con los embalses, como bien lo reconoció la propia Comisión Mundial de Represas. Más aún, la descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Las represas vulneran formas tradicionales de vida, despojan a los campesinos de sus tierras, violan los derechos humanos. Las empresas incumplen los acuerdos establecidos por ley y con las comunidades, como en Colombia ha sucedido con los proyectos de Salvajina, Urrá y Anchicayá. Por esto y por muchas otras cosas más, decimos: la energía de las represas, no es energía limpia!
Es necesario profundizar un debate público en torno a la política minero – energética y se oriente hacia la transformación de la matriz energética. Aunque en el país se han hecho importantes debates sobre la política minera, la energética sigue siendo desconocida e invisibilizada. La realidad es que el país no sólo está fragmentado en bloques mineros entregados a las transnacionales sino que también las empresas petroleras continúan ampliando la frontera petrolera hacia lugares como los mares profundos, las selvas y las zonas alto andinas. Hoy los bloques mineros se traslapan con los petroleros. El panorama se complica aún más con la entrega de gran parte de
nuestros ríos y quebradas a empresas nacionales e internacionales para proyectos hidroeléctricos. La disputa de recursos energéticos y mineros por parte de los países industrializados y de economías emergentes profundiza nuestra dependencia.
El gran desarrollo minero que aspira el gobierno no es posible sin grandes cantidades de agua y energía, mientras los impactos sociales y ambientales son irreversibles para la reproducción del ciclo del agua, y afectan gravemente la producción de alimentos. Pero además, la producción de energía que se planifica y proyecta en la actualidad no es para satisfacer las necesidades de los y las colombianos sino para la exportación y garantizar la producción extractivista del actual modelo.
Por último, agradecemos las innumerables manifestaciones de solidaridad con el pueblo del Huila y con Asoquimbo. Las marchas y plantones realizados el 2 y 3 de marzo, en Medellín, Cali, Bogotá, Neiva, La Plata, Garzón y la acción urgente de la Red Latinoamérica de Afectados por Represas – REDLAR, firmada por más de 3.400 personas y dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, la Vicepresidencia de la República y la Contraloría General de la República solicitando la suspensión de desvío del rio y rechazo a la Represa El Quimbo, evidencia el descontento nacional e internacional por este tipo de megaproyectos que favorecen a ciertos grupos económicos nacionales e internacionales. Es falso que la oposición al proyecto sea de un puñado de personas.
Ante lo anterior hacemos un llamado a quienes diseñan la política minero-energética y la comunidad en general para que:
Se abra un amplio debate nacional para definir y conceptualizar sobre la condición de afectado o afectada por estos proyectos minero y energéticos. Se requiere un marco legal especial que garantice la protección de sus derechos; la definición de afectados a través de los censos socio económicos deben ser realizados por entidades autónomas y no por las propias empresas, que se convierten en juez y parte en estos procesos, así como tampoco lo pueden seguir siendo en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental.
Se continúe con los debates, los foros, las movilizaciones sobre la política minero – energética del país y construir desde allí alternativas. Creemos a diferencia del presidente Santos y sus ministros, que la construcción del país es colectiva, también lo es su defensa, por eso agradecemos las muestras solidarias de estudiantes, sindicalistas, campesinos, pescadores, ambientalistas, hombres y mujeres, niños y adultos. No podemos ser ciegos, ni cómplices frente a estos proyectos puesto que sus impactos traspasan las
fronteras departamentales y nacionales, las represas atentan contra el bienestar general y por eso las rechazamos en defensa de la vida y de nuestras culturas.
Se continúe en la construcción de visiones alternativas al desarrollismo el cual solo propicia el despojo de las comunidades y la imposición de formas de vida ajenas a la identidad del pueblo colombiano.
Por último, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para:
Movilizarse el 06 de marzo en solidaridad con las víctimas por crímenes de Estado quienes se manifiestan por la tierra y contra el despojo, nosotros también somos víctimas del Estado pues éste ha permitido que se nos desplace y despoje de nuestros territorios mediante la construcción de represas y trasvases.
Sumarse a las movilizaciones del próximo 14 de marzo, XV día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, por el Agua y por la Vida. Este día convocamos a realizar en sus localidades un homenaje al Río Magdalena o desplazarse hasta el Huila, a las 9 a.m. para acompañar la movilización social por la defensa del territorio.
En Medellín, Bogotá, Lorica, Santander e Ituango también se adelantarán acciones específicas de movilización y resistencia.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
MOVIMIENTO COLOMBIANO RIOS VIVOS
ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO:
¡4 AÑOS DE RESISTENCIA PACÍFICA Y DESOBEDIENCIA CIVIL!