GENARO GRACIANO, aproximadamente a las 10:30 p.m. del día 17 de octubre de 2013, diez minutos después de haber ingresado a su vivienda sintió una gran explosión en la puerta, poco después se dio cuenta de que todas las ventanas estaban rotas, las líneas telefónicas quedaron dañadas
Genaro ha liderado en múltiples ocasiones marchas y protestas en contra de la construcción de Hidroituango tanto en el municipio de Ituango como en los demás municipios de la zona. Esta incluido entre los 11 líderes que habían solicitado medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) pero no le hicieron el estudio de riesgo porque el analista no fue hasta el municipio de Ituango.
Genaro Graciano de 49 años, Omaira Macías de 55 años y su pequeño hijo Víctor Manuel Graciano Macías de 10 años, además de una vecina Valentina Dorado de 14 años tienen heridas leves derivadas de los vidrios de las ventanas. Otras cinco casas del sector aledaño a la Institución Educativa Antonio José Araque resultaron averiadas, la más afectada fue la vivienda del líder del Movimiento Ríos Vivos.
Genaro convive con la docente Omaira Macías coordinadora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, quien ha liderado con otros docentes las denuncias por las infracciones al DIH cometidas por el Ejército Nacional con la ocupación de bienes destinados a la educación y quien participo este mismo día en una manifestación por las amenazas a siete docentes el día 15 de octubre de 2013.
ANTE ESTOS HECHOS EXIGIMOS:
1. Se realicen las investigaciones pertinentes de carácter urgente y se judicialice a los autores intelectuales y materiales de este hecho.
2. Se reúna de carácter inmediato el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos capitulo Hidroituango para que se analice este caso, el asesinato de Nelson Giraldo y las amenazas a los docentes del municipio de Ituango.
3. Al ministerio del Interior y la UNP se brinden todas las medidas de protección que garanticen la vida e integridad física de Genaro Graciano y su familia.
4. Se agilicen las gestiones para garantizar medidas de protección colectivas a todos y cada uno de los integrantes del Movimiento Ríos Vivos en todo el país.