Pescadero Ituango, más conocido como Hidroituango es el nombre del proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia, cuya construcción se inició en 2010 y entrará en funcionamiento según las previsiones de la empresa constructora en el 2018.
La presa y la casa de máquinas del proyecto Hidroituango estarán ubicadas al occidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, a unos 171 kilómetros de la capital de este departamento, Medellín, en tierras de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo. La presa estará construida en enrocado con núcleo de tierra, tendrá una altura de 220 metros y creará un embalse de 70 kilómetros de largo, que contendrá hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua. La casa de máquinas tendrá instaladas 8 turbinas, capaces de generar 2.400 MW, lo que la convertirá en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, y en el segundo mas grande de Latinoamerica precedida de a Represa Hidroeléctrica de Itaipú ,con una potencia instalada de 14000 MW estando localizada en un emprendimiento binacional entre Brasil y Paraguay.
La construcción de la represa demanda la necesidad de crear vías de acceso hacia el sitio de las obras, las cuales iniciaron a finales del año 2009 con la construcción de una variante de 1,5 kilómetros que atravesará el casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia; además de ello, se construirá una vía de cerca de 50 kilómetros que conectará el corregimiento “El Valle” del municipio de Toledo con Puerto Valdivia, lo que permitirá la llegada de maquinaria proveniente de los puertos de la costa atlántica con más facilidad. La construcción de estas vías , asi como del proyecto general, es vendida a la población según la lógica del progreso y el desarrollo tecnológico y económico neoliberal en la que exclusivamente se analiza el coste-beneficio económico del proyecto y los beneficios que supuestamente esto conlleva para la población, sin realizar un análisis multicriterial que devele los consiguientes efectos en la alteración del clima; como el aumento de la humedad relativa, incremento de precipitaciones…, en la alteración y perdida de biodiversidad debido a la inundación y posterior estancamiento de aguas, así como efectos socio-económicos como desplazamiento forzado de la población que interfiera en el proyecto por habitar en las zonas que este proyecto inundará , la destrucción de los oficios dependientes del cauce natural del rio Cauca y sus afluentes, como son la pesca y la minería artesanal, la pérdida de la valorización o plusvalía de las propiedades aledañas a las zonas de inundación…entre otros factores geológicos, geopolíticos y de privatización del agua, es decir, de la vida, que llevan a concluir que para un proyecto de esta envergadura el criterio de comparabilidad es muy débil al basarse exclusivamente en términos económicos, incentivados por las famosas locomotoras que marchan a sus anchas por toda Colombia cometiendo crímenes sociales y medio ambientales en pro del progreso.
En total, se estima el costo de la construcción del proyecto en unos 3000 millones de doláres.
El proyecto hidroeléctrico Hidroituango fue ideado en la década de 1960 y 1970, iniciándose su actividad en 2010.
Desde hace más de 50 años, Antioquia tiene el sueño de generar energía en las aguas del cauca,
Fue en la Gobernación de Alvaro Uribe cuando se formalizó la empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango. En este tiempo a EPM no le interesó el proyecto, por considerarlo inviable.
En 2002, se volvió sobre el tema pues la empresa que gesto el proyecto IDEA (Instituto para el desarrollo de Antioquia) estaba escasa de recursos. De nuevo, los técnicos de EPM despreciaron el proyecto, debido a que Colombia ya estaba abastecida energeticamente y certificaron por escrito a la Junta Directiva que Pescadero Ituango no era viable.
Fue en 2008 con el Gobernador Ramos y el Gerente del IDEA Álvaro Vásquez(actual candidato a la gobernación de Antioquia) cuando volvieron a revivirse las expectativas de la hidroeléctrica Pescadero Ituango sacando a subasta el megaproyecto al existir cierto interés de empresas transnacionales brasileñas para el suministro de energía destinada a la explotación de aluminio. Este interés transnacional reanimo a EPM para la posible exportación de energía ‘limpia’ a Centroamerica y así conseguir su afán de expansión y su consolidación como empresa transnacional aprovechando también la coyuntura de patriotismo y sentimiento de pertenencia entre la cultura paisa y esta empresa ‘pública’.
Bueno, y ¿qué ganaron el IDEA y EPM al hacerse cargo de este proyecto y no subastar al mejor postor extranjero?
Sin duda alguna IDEA gano la capitalización de un proyecto que se venia gestando hace mas de 50 años y un lavado de imagen hacia la ciudadanía que criticaba esa perdida de liquidez debida a la inversión en el proyecto, inicialmente catalogado de inviable por los técnicos de EPM.
Y EPM, siendo beneficiaria de una norma tributaria que le da disminución de impuestos sobre los activos productivos en los que invierta (ley 111 de 2006) y calculando que el valor inicial de Pesacadero Ituango es de .3.500 millones de dólares, EPM se ahorraría en impuestos en 10 años, cerca de 350 millones de dólares. Esta exención de impuestos le sirve solo a EPM y no a cualquier otra empresa extranjera.
Finalmente, el pasado 30 de marzo en el auditorio del IDEA se cumplió el acto oficial en el cual EPM, a través de EPM Ituango S.A., cuyo gerente es Alvaro Vasquez, mediante contrato BOOMT (build, operate, own, maintain and transfer), asume la responsabilidad de construir, operar, poseer, mantener y transferir la Central Hidroeléctrica Ituango por los próximos 50 años.
Este contrato ha sido catalogado por diversas personas pertenecientes al ámbito energético y de la gobernación como una toma hostil de las acciones por parte de EPM, en las que el IDEA acorralo a EPM para la firma del contrato, aunque desde un punto de vista mas critico es mas bien una estrategia de expansión de EPM para la exportación de energía a Centroamerica, debido sobre todo al hecho significativo de que las centrales hidroeléctricas tienen un periodo de vida de entre 30 y 40 años y no tiene ningún sentido ni técnico ni económico el que se produzca una transferencia de la misma una vez pasado este ciclo de vida, es decir a los 50 años acordados en la firma del contrato. Lo que si es seguro es que en este contrato se ha especulado con un bien común,privatizando el agua y repartiéndola en acciones para los intereses de unas pocas personas, sin importar la vida de otras muchas.
Según promotores de EPM Ituango S.A. el proyecto generará 10000 empleos directos y unos 6000 indirectos en los municipios de la zona afectada por la construcción de la represa, que son los siguientes: Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal. Sin embargo, nuevamente, esta empresa no contabiliza los impactos negativos que causará en la población, como son los impactos laborales, ambientales y psicosociales, así como la forma excluyente y poco participativa en la que se ha gestado la propuesta del proyecto. Se estima que el desplazamiento de la población que ha generado y generará el proyecto es de unas 10000 personas, hecho que contribuirá a destruir la base productiva agrícola de la zona, contribuyendo al desarraigo cultural y a la perdida de identidad rompiendo lazos comunitarios y con el entorno. Además otras experiencias similares del país demuestran que pese a la gran producción de energía eléctrica de la central, esta se dedica exclusivamente a la exportación ,no asegurándose la energía eléctrica a las comunidades aledañas y también se ha comprobado que la construcción de estos megaproyectos en zonas rurales generan prostitución y aumento del consumo y tráfico de estupefacientes, así como alcoholismo y sus consiguientes problemáticas sociales, hechos que según la población están empezando a brotar.
Otro de los argumentos utilizados por la empresa para la construcción del megaproyecto es que mediante su realización se impulsara el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen los predios que se van a inundar y por consiguiente a toda la región de Ituango, porque según comentaron los habitantes de estos predios, varios representantes de EPM Ituango S.A. aseguraron que este territorio representa un rastrojero, donde no existe ningún tipo de cuidado por el río, un lugar desértico donde no vive nadie ni el terreno es bueno para el cultivo. Contra estas afirmaciones la población afirma que el hecho de que no existan grandes extensiones de cultivos es debido a que los grandes terratenientes monopolizan la propiedad y para ellos es mas rentable vender esas tierras al mejor postor que cultivarlas, además de que entre el Estado y los grupos armados subversivos existe una disputa histórica por ese territorio que tiene como consecuencia inmediata la perdida de las comunidades a sus derechos, a la vida, a la tierra y al territorio, a producir, al río que provee alimento, transporte y empleo, ya que existe un sector minero importante que extrae minerales del río Cauca mediante técnicas mineras tradicionales y sustentables, y a un ambiente sano.
Sólo en el municipio de Ituango la producción agrícola se ha reducido en un 70%, de 25.000 habitantes, más de 16.000 han sido desplazados en los últimos años,el incremento en el costo de vida por causa de la generación de expectativas derivadas de la represa ha sido del 40% y el porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas es del 76%. Como se puede observar el desarrollo comunitario no aparece por más que EPM Ituango S.A. se empeñe en justificarlo y privatice el río para su supuesta ‘preservación’.
En una publicación de la revista ‘La Voz de Hidroituango‘ aparece que las personas afectadas por el proyecto a causa de realizar sus actividades en las zonas que se inundaran son 1430, este último censo fue tomado en Febrero de 2010 cuando muchos campesinos /as, ganaderos /as, mineros /as… no se encontraban presentes en su residencia debido a la continua movilidad que requiere su trabajo. Muchos mineros comentaron que la empresa que realizo el censo no visitó todas las playas. De esta forma la empresa aprovecha dicho movimiento de las personas afectadas para realizar un censo sesgado de la población para así reducir los costes asociados a las compras de predios y posteriores subsidios debidos al desplazamiento de sus tierras y trabajos. También han existido casos en los que mediante el subsidio, o algún extra, se coacciona a una parte de la población para que acuse a sus vecinos como foráneos a las comunidades que solo acuden a estas para ser beneficiarios de la retribución económica que conlleva la compra de predios y el desplazamiento de las zonas que posteriormente se inundaran, o directamente para que los inculpen como colaboradores de grupos armados al margen de la ley.
Los antecedentes en materia de Derechos Humanos en la zona de Ituango son desoladores. Desde finales de los 70 Ituango ha sido un territorio estratégico para los grupos armados y con la construcción de la presa los enfrentamientos se han intensificado.
Entre 1996 y 1997, los paramilitares controlaron el municipio provocando cuientos de asesinatos, desplazamientos forzados, hurtos en pequeños comercios, robos de cabeza de ganado y otras violaciones de los Derechos Humanos.Tras la masacre de El Aro, a finales de 1997, la Fiscalia produjo un informe en el que se aletaba de esta situación. Según el documento fueron ejecutadas 150 personas en frente de la iglesia de Santa Bárbara. Durante el periodo de control paramilitar se calcula que fueron más de 350 personas asesinadas en toda la región.
En 1998 murio asesinado Jesús María Valle Jaramillo, concejal de Ituango y defensor de los Derechos Humanos tras comenzar una campaña de denuncia al grupo paramilitar Autodefensas de Córdoba y Urabá.
En el año 2002 volvieron a ingresar en este municipio las autodefensas realizando una autentica masacre.Violaron a mujeres, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento de 190 personas. Desde ese momento los enfrentamientos entre el Ejército, los paramilitares y las FARC se volvieron más continuos.
Tal es la situación de Ituango, que en 2007, trás un atentado que dejó a más de 50 personas heridas y 7 muertas el SAT (Sistema de Alertas Tempranas) recomendó al CIAT (Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas) mantener las medidas de seguridad y reforzar las acciones preventivas y de protección a la población civil.
Ante este contexto historico es alarmante el hecho de que entre los municipios Ituango y Briceño se han desalojado casi 200 mineros y mineras artesanales, y a la mayoría de los propietarios de predios se les ha comprado hasta por una tercera parte del valor real su tierra. Para estos desalojos se contó incluso con la colaboración del alcalde de Briceño, que fue el firmante del desalojo ante un coronel del Ejército, posicionándose en contra de los intereses de sus propios conciudadanos que querían conservar el territorio.
Como muestra del rechazo popular que el megaproyecto genera en la poblacion, el 14 de Marzo de 2011 entre 4000 y 5000 personas de los municipios de Ituango, San Andres de Cuerquia, Briceño y Toledo realizaron una marcha para expresar las inconformidades de los diferentes sectores de población afectados así como los impactos sociales, ambientales y económicos acontecidos en los inicios del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
La situación de conflicto es latente en los territorios afectados por la construcción de la represa debido a la acusación de pertenencia y /o colaboración con el frente 18 de las FARC de gran parte de la población a través de un blog (http://colombialibresiempre.blogspot.com/) aparecido a mediados de Junio de este año en el que aparecen alrededor de 1900 personas que habitan en zonas cercanas al proyecto. En este blog aparecen los nombres, documentos de identificacion y demas datos personales de las personas acusadas. Ante este panorama se ha recurrido al derecho de petición a la Fiscalía General por parte de 405 personas de la que solo 205 han obtenido respuesta. Asimismo se han enviado 32 comunicaciones al gobernador por parte de 32 sectores organizados del municipio pidiendo las correspondientes explicaciones sobre este hecho sin obtener respuesta alguna.
Esta situación, sumada a la presencia histórica de grupos insurgentes, ha llevado a una fuerte militarización de la zona por parte del estado colombiano a través de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, acciones de sobra conocido por la población ante una construcción de estas características, fomentando de esta forma el miedo para que forzosamente se abandone la tierra, como ya lo han hecho 5 millones de personas desplazadas en los últimos 45 años, y dejen paso a la lógica del progreso neoliberal en los que importa mas la seguridad y la acumulación del capital que el propio bienestar de la población y la conservación de la biodiversidad. En palabras textuales del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su última visita a Ituango, el 1 de Septiembre del presente año, ‘Vamos a cuidar la represa’ obviando de esta forma toda la problemática social y medioambiental que conlleva esta afirmación.
Se torna mas difícil, si cabe, el contexto que sufre la población ante el inicio de presencia de grupos contrainsurgentes (paramilitares) en zonas cercanas a Briceño que agudizarían la intensificación de la represión, junto con un mas que probable derramamiento de sangre de población civil, vulnerando así el Derecho Internacional Humanitario en zonas de conflicto, que traen consigo la presencia de grupos armados y enfrentados entre si.
Además de las acciones emprendidas ‘legalmente’ como son las denuncias a la fiscalía, la acusación de pertenencia y/o colaboración con la guerrila a través del blog, la falta de reconocimiento de las actividades laborales y de propiedad de la tierra a través del censo sesgado por parte de la empresa y su rotunda negación a actualizar dicho censo,etc. hay que sumar acciones intimidatorias como son el derribo de ranchos mineros por no encontrarse presentes sus habitantes en un determinado momento, el corte de las garruchas que permiten atravesar el río a la población que habita las diferentes veredas, o la mas violenta de todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento como fue el bombardeo por parte del ejercito de la zona conocida como ‘el Bombillo’ el pasado 12 de Septiembre, del cual, afortunadamente, no hay que lamentar ninguna víctima.
Sumado al conflicto de la construcción de la represa por parte de EPM Ituango S.A. ,hay incluir la operación en el Valle, corregimiento de Toledo , de otra gran transnacional como es la cementera ARGOS S.A. La empresa cementera ARGOS S.A., perteneciente al Sindicato Antioqueño es el cuarto productor de cemento de América Latina y el primer productor de cemento en Colombia. ARGOS S.A. es un grupo empresarial que agrupa a 32 empresas colombianas y 51 empresas extranjeras, que se dedican, entre otras, a la producción de carbón, petróleo, forestales y ganadería, además de tener empresas de energía. Tiene una zona franca propia en las afueras de Cartagena y ha hecho inversiones en otros mercados, incluyendo en 2010 inversiones en megaproyectos como la expansión del Canal de Panamá, las Vías para la Competitividad, la Ruta del Sol y la expansión de la Refinería de Cartagena.
Esta empresa ha tenido varios vínculos directos e indirectos con el paramilitarismo y ha sido beneficiario de esta estrategia en diferentes partes del país. Este vínculo recrudece la situación que se vive en el Norte Antioqueño, así como la influencia de las actividades productivas de la cementera en el corregimiento de El Valle, perteneciente al municipio de Toledo, donde ha existido un drástico descenso en las cosechas de cacao, aguacate, maíz, frijol… a causa de las canteras y el polvo que estas generan.
Es particularmente llamativa la situación de esta zona que ha sufrido entre sus habitantes las promesas del progreso que se generarían con la actividad de esta cementera, provocándose un aumento de la población en la zona en busca de trabajo. Sin embargo en este corregimiento no existe ni tan siquiera una red de alcantarillado, situación que parece no tener solución por el momento.
Como se puede observar la represa de Ituango es sólo uno de los problemas que sufre esta zona rica en recursos naturales, ya que también se concesionaron más de 40.000 hectáreas a empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold y Cerromatoso para la explotación de minerales preciosos a cielo abierto. Los predios fueron comprados por valores de mediados del siglo pasado $50 m2, $150.000 Ha, bajo la amenaza de la expropiación. También se proyecta la implementación de una zona franca, que significa, cero impuestos, cero regulaciones y empleos de mala calidad.
Para establecer sinergias y conocer las diferentes formas de resistencias entre los diferentes conflictos derivados de la política minero energética en Colombia se organizo en Ituango el Panel Nacional Itinerante el pasado 9,10 y 11 de Septiembre que aglutinó a numerosas organizaciones sociales que propenden por la defensa de los derechos humanos y las apuestas por el conocimiento como punto de partida para interpretar y e intervenir sobre las realidades afectan a las comunidades en las que se desarrollan estas megaconstrucciones.
Este panel contó con la participación de expertos nacionales en política minero energética, de la población afectada directamente por la construcción de la represa de Hidroituango y de las delegaciones de cinco departamentos invitados: Comunidades Afectadas por la represa Alto de Anchicayá (Valle del Cauca) ONUIRA, por la represa Urrá, Córdoba. ASPROCIG, por la Represa de Hidrosogamoso, Santander. Movimiento social por la defensa del río Sogamoso, por la Represa El Quimbo, Huila. ASOQUIMBO, por la desviación del Río Guarinó y Manso, Caldas. Comité Cívico por la Defensa del Río Guarinó.
Mediante este tipo de encuentros se establecen redes para fortalecer y visibilizar la resistencia en el ámbito nacional e internacional a los conflictos que padece la población inmersa directamente en los diferentes planes de desarrollo que fomentan la competitividad y el libre mercado incentivando de esta forma las actividades extractivas que especulan con los recursos, la desaparición de las economías locales en pro de la economía global, la liberalización de los mercados que privatizan las formas tradicionales de subsistencia y finalmente el desarraigo cultural y comunitario para la búsqueda de una uniformidad globalizada y globalizadora.
Juan Carlos Fernández-Caballero García-Miguel
Colaborador de OMAL en Colombia