Los principales accionistas de Hidroituango son la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM) que a su vez es ejecutora. EPM durante los últimos años se ha convertido en un grupo empresarial, Grupo EPM, el cual es una trasnacional de origen público con presencia en distintos países de Latinoamérica y Europa, que al actuar bajo la lógica del lucro (generación de ganancias) y la acumulación de dinero ha incurrido en la violación de derechos como resultado de sus emprendimientos empresariales; en Colombia estas violaciones e irregularidades no son evidentes dada la connivencia de las instituciones del Estado y los vacíos de la legislación colombiana en materia de derechos y de la falta de garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado frente a los megaproyectos hidroeléctricos.
Otras empresas que se benefician y promueven la construcción de Hidroituango son: la brasilera Camargo Correa; las colombianas Conconcreto SA y Coninsa Ramón HSA, Integral, Ingetec-Sedic; las Suecas Scania y Atlas Coop; el consorcio Ferrovial Agroman (España), Chile-Sainc Ingenieros Constructores (Chile) y Arquitectos e Ingenieros Asociados (Colombia). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgo el 29 de agosto de 2016 un préstamo sin atender una misiva enviada por las comunidades cañoneras afectadas por este emprendimiento. Así mismo este proyecto recibe dineros del Banco de desarrollo de Brasil BNDES y la Agencia de Crédito a la Exportación de Canadá, es decir que Hidroituango genera un gran endeudamiento público y gastos de recursos públicos que los estamos pagando todos los ciudadanos vía impuestos, estemos o no de acuerdo con este megaproyecto.
Los daños generados por Hidroituango
El río Cauca o Patrón Mono, como es nombrado por barequeros del Cañón del Cauca, es el segundo río más importante de Colombia, sus aguas bañan siete departamentos y sostiene la economía, cultura y tradición de cientos de municipios del país y millones de personas. El Cañón del Río Cauca ha estado agobiado por intereses en disputa los cuales han generado situaciones de intensa violencia desde hace más seis décadas; en ese contexto agravado por la construcción de Hidroituango se están agudizando la diversidad de hechos victimizantes que han vulnerado los derechos humanos, civiles, políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de sus habitantes; ejemplo de ellos son los grandes desplazamientos forzados de las comunidades campesinas, pescadoras y barequeras, el empobrecimiento y el olvido estatal, las 62 masacres que han ocurrido en área de influencia del proyecto entre ellas, las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, por las cuales el estado Colombiano fue condenado internacionalmente.
A pesar de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroituango afirma que son más los impactos negativos (24) que positivos (3) EPM y las administraciones locales y departamental se empeñan en señalar lo contrario tergiversando la realidad sobre la obra e impidiendo que se tengan en cuenta los daños ambientales que señalan los afectados como no incluidos en el EIA y los impactos no previstos que se están ocasionando.
Los impactos negativos según EIA son: contaminación del aire, contaminación del agua superficial y subterránea, cambios en la calidad del agua del embalse, cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, modificación de las propiedades físicas y químicas de los suelos (calificado como significativo), modificación del paisaje, cambios en la cobertura vegetal, pérdida o fragmentación del hábitat, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, aumento de la presión por los recursos naturales, cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del río Cauca, cambios en la estructura del biótopo y comunidades bénticas, proliferación de vectores de enfermedades, transformación de ambientes lóticos a lénticos, afectaciones sobre los yacimientos arqueológicos identificados, transformación de los sistemas culturales de la población afectada (calificado como muy significativo), desplazamiento involuntario (forzado) de la población y afectación de sus condiciones de vida (calificado como muy significativo), generación de expectativas, afectación de infraestructura, afluencia de población foránea, incremento en la demanda de servicios públicos y sociales, generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto, alteración de la economía regional (calificado como muy significativo).
Los impactos positivos según EIA son: surgimiento y/o protagonismo de actores sociales y fortalecimiento de organizaciones sociales (calificado como poco significativo), generación de empleo y modificación de las finanzas de los municipios y de las autoridades ambientales.
Para las comunidades afectadas ha sido imposible la participación real en el ejercicio de su derecho a un ambiente sano y la defensa de los derechos humanos; la empresa y el gobierno al evidenciar una postura crítica en relación a la obra les excluyen de todo lo que tenga que ver con los asuntos públicos, la persecución, judicialización, violencia y estigmatización en su contra es una clara muestra de las imposibilidades para la oposición en esta zona, pese a ello se han organizado en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y denuncian permanentemente las distintas afectaciones y violencias a las que se ven sometidos.
Datos de la presa y otros impactos
Hidroituango es el megaproyecto hidroeléctrico más grande que se construye en Colombia, pretende tener una capacidad instalada de 2.400 megavatios. Inició su construcción en el año 2009 con la desviación del rio Cauca para construir un muro de 225 metros de altura, el cual represará aproximadamente 2.700 millones de metros cúbicos en un embalse de 79 kilómetros de largo por 560 metros de ancho inundando 4.550 hectáreas.
La obstaculización del río con Hidroituango afecta más de 26.000 hectáreas pero esta cifra no contempla a varias poblaciones asentadas tradicionalmente aguas abajo de la obra que desde ya están siendo impactadas con el manejo artificial del cauce del río y la ruptura o alteración de las cadenas biológicas en la cuenca. Cerca del 60% de la población en esta zona es víctima del conflicto armado y está siendo revictimizada por Hidroituango.
Otro de los grandes impactos de la obra es el aumento de la militarización en una zona de alta conflictividad armada; el proyecto está construyendo tres bases militares y proyecta construir más en la zona, tiene múltiples convenios de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia que superan los 55.000 millones de pesos y ha contratado dos empresas de vigilancia privada. La presencia de estos actores se ha traducido en agresiones, estigmatización, persecución y amenazas a los afectados y opositores que expresan sus quejas, inconformismo y rechazo a la obra.
Con el represamiento del Cauca las culturas más afectadas son las que han dependido ancestralmente del rio como es el caso de las familias barequeras, por lo que Ríos Vivos Antioquia buscó su protección y la defensa de los derechos culturales apelando al Ministerio de Cultura pero éste se ha negado a proteger esta manifestación cultural inmaterial argumentando que la cultura no es un derecho fundamental y que por ser comunidades analfabetas no tienen la posibilidad de autoreconocer sus formas de vida. Pese a estas realidades y negativas Ríos Vivos Antioquia sigue enfocando sus esfuerzos por el respeto y la preservación de la cultura cañonera.
